El proyecto del Gobierno contempla sanciones económicas calculadas según el valor de barriles de petróleo y penas de hasta 20 años de prisión, según el delito. Busca castigar la explotación no autorizada y desalentar la participación de empresas y proveedores en esas actividades.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por el Gobierno propone endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en Malvinas y los espacios marítimos alcanzados por la iniciativa. El objetivo es aumentar el costo económico y las consecuencias legales de esas actividades.

El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con el delito y la responsabilidad de los involucrados. Son herramientas diferentes: las multas afectan el patrimonio, las inhabilitaciones restringen la posibilidad de desarrollar determinadas actividades y las penas de prisión corresponden a responsabilidades penales individuales.

La referencia al petróleo como unidad de cálculo significa que las sanciones económicas se expresarían en un equivalente monetario vinculado al valor de ese recurso. No se trataría de entregar barriles, sino de utilizar su cotización para determinar el importe de las multas.

El alcance de la propuesta también apunta a quienes sostienen los emprendimientos. Según la descripción del proyecto, el nuevo régimen busca fortalecer las sanciones sobre empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación no autorizada. Así, la presión económica podría extenderse a distintos participantes de la actividad.

La combinación de sanciones busca modificar los incentivos para operar sin permiso argentino. Además de castigar las infracciones, apunta a que las empresas evalúen las consecuencias de financiar, abastecer o participar en proyectos alcanzados por las prohibiciones.

El endurecimiento forma parte de un proyecto que deberá debatir el Congreso. Las sanciones no serían automáticas: su aplicación requeriría determinar la conducta, acreditar las responsabilidades y cumplir los procedimientos administrativos o judiciales correspondientes.