Los recursos destinados legalmente a obras contra inundaciones están siendo desviados para sostener las finanzas del Estado. El dinero existe y es accesible, pero la decisión política de invertirlo en lo que la ley ordena simplemente no se materializa.

Este desvío presupuestario muestra una realidad que golpea a quienes dependen de esas obras: mientras se mejoran artificialmente los números fiscales, las defensas contra inundaciones siguen sin construirse.

El fondo nació con un objetivo claro y urgente. Las inundaciones son un flagelo que afecta regularmente a extensas áreas productivas y pobladas del país. Para enfrentarlas, se creó un instrumento legal que establecía recursos específicos. Pero esos recursos terminaron en otro lado.

Lo curioso es que no hay crisis de caja que justifique esta redirección. Los fondos están allí, en las cuentas. Lo que no existe es la voluntad ejecutiva de aplicarlos conforme establece la ley. Es una decisión administrativa, no una imposibilidad financiera.

El resultado es un sistema que funciona así: el Estado presenta números de déficit fiscal más bajos gracias a estos desvíos, creando una ilusión de orden macroeconómico. Mientras tanto, productores, municipios y pobladores de zonas inundables siguen sin acceso a las obras de contención que necesitan.

Hay una brecha evidente entre lo normativo y lo operativo. La ley dice una cosa; la ejecución presupuestaria hace otra. Y esa brecha no tiene justificación económica: simplemente refleja prioridades distintas a las que originalmente se establecieron.

Imagen: (Augustin-Foto) Jonas Augustin / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural