La propuesta fue impulsada originalmente por el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, junto a Gustavo Carrizo, ex senador provincial y actual secretario de Minería. El texto plantea modificaciones a los artículos 17, 24 y 77 bis del Código Contravencional, con el objetivo de reforzar el marco legal frente a esta práctica.
Entre los cambios previstos, se establece que el arresto efectivo podrá aplicarse únicamente cuando se hayan agotado otras sanciones alternativas o cuando estas resulten ineficaces. En esos casos, la pena privativa de la libertad podrá extenderse hasta un máximo de 40 días y no será aplicable a menores de 18 años. Además, toda resolución que disponga arresto deberá estar debidamente fundamentada.
El proyecto también contempla sanciones más severas cuando se detecte la existencia de organizaciones que promuevan, coordinen o se beneficien económicamente del cobro ilegal. En esas situaciones, el arresto sería de cumplimiento efectivo, especialmente para quienes ejerzan roles de conducción u organización.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la iniciativa busca dotar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial de herramientas legales más claras para intervenir ante estas situaciones. Con la aprobación en el Senado, el tratamiento del proyecto continuará ahora en la Cámara baja provincial.
pulso de la quebrada 
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