La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por presuntas maniobras irregulares en los contratos de Nación Seguros durante su gestión. La Justicia sostiene que el ex presidente impulsó un decreto que obligó a los organismos del Estado a canalizar sus pólizas a través de la aseguradora estatal, lo que habría beneficiado a un grupo reducido de intermediarios vinculados a su círculo cercano.
El fallo también ratificó el embargo multimillonario fijado sobre los bienes del ex mandatario, una cifra que supera los 14.600 millones de pesos. Para los camaristas, la evidencia reunida, incluidos chats y comunicaciones entre los brokers señalados y funcionarios, justifica mantener la imputación y seguir adelante con el expediente. El avance judicial coloca a Fernández en un escenario complejo de cara a un posible juicio oral.
En la resolución se describe el rol central del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quienes habrían obtenido comisiones a partir del esquema de contratación obligada. La relación entre ambos y el entonces presidente aparece como un elemento clave para los jueces, que consideran que hubo un beneficio privado construido desde una decisión de política pública.
Fernández, en tanto, denunció persecución política y defendió el decreto cuestionado como una herramienta para “ordenar” el mercado asegurador. Su defensa ya anticipó que insistirá en la apelación y en pedir la nulidad del procesamiento, aunque la confirmación de la Cámara deja la causa a un paso de avanzar hacia etapas más definitorias.
pulso de la quebrada 
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