La decisión de cobrar un tributo a los vehículos de carga y de pasajeros que ingresen a la capital provincial generó una fuerte polémica y renovó las críticas a la administración de Gildo Insfrán. La medida comenzó a aplicarse esta semana y fue calificada por sectores opositores como inconstitucional, al considerar que vulnera la libre circulación garantizada por la Constitución Nacional.
El cobro fue evidenciado en un video difundido por un camionero, en el que un inspector municipal exige el pago de una “contribución al autotransporte” antes de permitir el ingreso a la ciudad. Según la documentación oficial, el impuesto se apoya en ordenanzas sancionadas entre 2017 y 2020, que hasta ahora no se habían ejecutado. Cada vehículo debe abonar entre uno y tres módulos, según su peso, con un valor base superior a los siete mil pesos por unidad.
Legisladores de la oposición, entre ellos Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, denunciaron la decisión ante el Gobierno nacional y reclamaron su suspensión inmediata. También se sumaron críticas desde fuera de la provincia, como la del intendente bonaerense Diego Valenzuela, quien sostuvo que la medida “establece una aduana interior contraria al espíritu federal del país”.
Las autoridades municipales justificaron el cobro por la “reducción de ingresos y la quita de subsidios”, y afirmaron que lo recaudado se destinará al mantenimiento de calles. Sin embargo, la disposición profundizó el malestar con la gestión provincial de Insfrán, cuestionada por aplicar políticas que encarecen la actividad económica y generan trabas a la circulación en el territorio formoseño.






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