El caso podría sentar un precedente al cuestionar la Ley 27.573, que limita los reclamos judiciales y obliga a los afectados a aceptar compensaciones menores a través de un fondo administrativo.
La Justicia mendocina recibió en las últimas horas una demanda por $152.058.050 contra el laboratorio AstraZeneca, iniciada por un jubilado que asegura haber sufrido perjuicios tras la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.
El reclamo enfrenta un marco jurídico restrictivo: la Ley 27.573, sancionada durante la pandemia, que exime de responsabilidad legal a los laboratorios con los que el Estado argentino firmó contratos confidenciales. La norma obliga a los potenciales damnificados a tramitar sus pedidos de reparación mediante el Fondo de Reparación Covid-19, que otorga compensaciones reducidas y únicamente para casos graves comprobados.
Fuentes consultadas por Noticias Argentinas señalaron que el demandante logró avanzar gracias a que pudo financiar los estudios periciales y la representación legal, costos que resultan inaccesibles para la mayoría de los afectados. La ley establece que toda la carga de la prueba recae sobre la víctima.
Lo novedoso del planteo es que, además de reclamar una indemnización, el jubilado solicitó la inconstitucionalidad de la Ley 27.573, lo que abriría una discusión de fondo sobre el alcance de los derechos de los ciudadanos frente a los laboratorios y al propio Estado.
pulso de la quebrada 
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