El actual Jefe de Gabinete de la provincia fue designado como candidato a gobernador por el oficialismo santiagueño para las elecciones. Su postulación cuenta con el respaldo del gobernador, quien mantiene un firme control sobre la política provincial y busca extender su influencia a través de Suárez como sucesor.
Sin embargo, el candidato arrastra cuestionamientos desde hace más de una década, principalmente por su rol durante la implementación del programa “Sueños Compartidos” en la provincia. Este plan, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los hermanos Schoklender, fue objeto de múltiples denuncias por irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En Santiago del Estero, el Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPVU), cedió 40 hectáreas fiscales a la fundación para la construcción de viviendas sociales. La hija de Suárez fue designada como coordinadora local del programa, y las obras estuvieron supervisadas por áreas bajo su órbita. Aunque se certificaron más de 100 viviendas como finalizadas, en realidad muchas de ellas quedaron inconclusas, mientras que las rendiciones presentadas permitieron girar más de $5,7 millones desde Nación.
Además de las irregularidades en las obras, se señalaron subsidios millonarios entregados a mutuales, cooperativas y sindicatos sin justificación clara durante su gestión, en un intento de cerrar las cuentas provinciales del año 2009. Pese a que no fue imputado, su nombre ha quedado vinculado al manejo discrecional de recursos públicos.






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